Incendios forestales: terrorismo de Estado y falta de gestión

by secretariado · 14/08/2025

Comunicado de la CONFEDERACIÓN TERRITORIAL DE CASTILLA Y LEÓN y de la Coordinadora Estatal de Bomberxs Forestales de la CGT

CE bomberxs forestales

Ante la concurrencia de multitud de incendios con Índice de Gravedad 2 (IGR-2), principalmente en las provincias de León y Zamora, que han llevado a declarar la Situación Operativa 2 (SIT-2) del Plan de Protección Civil en incendios forestales (INFOCAL), y que ya se han cobrado al menos una víctima mortal y varios heridos, CGT quiere denunciar la responsabilidad de la Junta de Castilla y León, y en especial al Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suarez-Quiñones, en la nefasta gestión del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.

El modelo que defiende la Junta de Castilla y León, basado en la encomienda a empresas privadas de la mayoría de los medios personales y humanos, con el consiguiente negocio que proporciona a dichas empresas por un servicio ESENCIAL Y PÚBLICO, relegando a la parte pública a una participación cada vez menor, y su olvido de la importancia que tiene la prevención, es en gran parte el culpable de que incendios como los que Castilla y León está sufriendo pasen de ser un simple conato a convertirse en Gran Incendio Forestal (GIF).

Después de los devastadores incendios de 2022, especialmente los de la Sierra de la Culebra y el de Monsagro, el consejero se comprometió a un cambio en el modelo del Operativo, prometiendo que el personal fijo-discontinuo “perdería el apellido de discontinuo”, para, entre otras cosas, poner más foco en la prevención.

Tres años más tarde, ni un solo trabajador fijo-discontinuo ha “perdido el apellido de discontinuo”, pues no se ha producido la necesaria modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que refleje la prestación permanente durante 12 meses. Los trabajadores públicos del Operativo siguen con contratos fijos-discontinuos de 3, 4, 6 o 9 meses ordinarios al año, lo que es insuficiente para recibir la formación necesaria, así como para su participación en funciones de vigilancia y prevención el resto del año de manera estable y permanente. La Junta de Castilla y León mantiene 3 años después a estos trabajadores con la incertidumbre de si recibirán o no llamamientos extraordinarios para ampliar cada campaña de trabajo.

inclumpliendo su promesa, ni un solo trabajador fijo-discontinuo ha “perdido el apellido de discontinuo”

Y no sólo eso, sino que la Junta de Castilla y León ha comenzado el desmantelamiento de la red de vigilancia operada por trabajadores, Vigilantes de incendios, para sustituirla por una red de cámaras de vídeo que han demostrado su ineficacia al no ser capaces de detectar de manera autónoma ningún incendio, como no han sido capaces de detectar los incendios de León y Zamora. El desmantelamiento y desguace de las torres de vigilancia ya ha comenzado este año en la provincia de Segovia.

Esa desatención en la prevención y en la vigilancia, está costando muy cara a la ciudadanía, ya que la inversión que no se hace en esas áreas, se convierte en un despilfarro cuando los costes de extinción se multiplican.

Y mientras la provincia de León se calcinaba, el consejero Suarez-Quiñones se “marcaba un Mazón”, acudiendo a la Feria de Gijón. El presidente de la Junta de Castilla y León, por su parte, siguió disfrutando de sus vacaciones mientras Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se calcinaban.

Por todo ello, CGT exige la dimisión del Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suarez-Quiñones, del Director General de Patrimonio Natural, Jose Ángel Arranz, y del Jefe de Servicio autonómico de Incendios Forestales, Ángel Manuel Sánchez, por ser los máximos responsables en la gestión del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.

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