Programa Éxito Educativo: manual de privatización educativa

De la periferia al centro: pauperización del sistema educativo en CyL

El Programa para la Mejora del Éxito Educativo en Castilla y León no llegó a la opinión pública como un escándalo político ni como una gran reforma educativa. Llegó en silencio. Llegó como llegan casi siempre las cosas importantes cuando no se quiere que se entiendan: envuelto en buenas palabras, objetivos incuestionables y una retórica amable sobre el “apoyo al alumnado”, la “equidad” y la “lucha contra el fracaso escolar”.

Sin embargo, para muchas de las personas que han trabajado en él, el Éxito Educativo no empezó como un programa pedagógico, sino como una nómina que no llegaba, como un correo que no se respondía o como una promesa que se deshacía con el paso de los meses. El caso de Miranda de Ebro, ocurrido el curso pasado, no fue una excepción ni un error administrativo puntual: fue el primer síntoma visible de un modelo que hoy se expande desde la periferia al centro del sistema educativo público.

Miranda de Ebro: cuando nos percatamos de que el éxito no se paga.

No es que todo comenzara en Miranda de Ebro, la situación era equivalente en el resto de la provincia de Burgos, el Éxito Educativo se tradujo en impagos irregulares, retrasos sistemáticos y una sensación generalizada de abandono por parte de la administración. Las trabajadoras y trabajadores del programa —docentes, profesionales de apoyo, personal altamente cualificado— comenzaron a compartir una experiencia común: trabajar sin saber cuándo ni cómo iban a cobrar.

No había información clara. No había plazos. No había respuestas. Y, sobre todo, no había un marco laboral comprensible. Ante ese silencio institucional, la acción sindical no partió de una gran convocatoria ni de un comunicado público inmediato. Partió de algo mucho más básico y, por ello, profundamente político: hablar entre quienes estaban trabajando.

Se localizaron los correos profesionales de las personas implicadas y se lanzó un formulario sencillo. No para generar ruido, sino para recopilar hechos. Qué tipo de relación laboral tenían, cómo se les había prometido el pago, cuándo habían cobrado (si habían cobrado), bajo qué concepto aparecía ese dinero y qué tipo de cotización —si alguna— se estaba realizando.

Los resultados fueron tan claros como preocupantes: retrasos prolongados, pagos acumulados sin desglose, conceptos ambiguos como “gratificación”, ausencia de contratos específicos y una enorme disparidad de situaciones entre centros que, en teoría, aplicaban el mismo programa público. No era desorganización: era una casuística brutal. Y la casuística, en la administración pública, nunca es inocente.

¿Qué es realmente el “Éxito Educativo”?

Conviene detenerse un momento y explicar qué es, sobre el papel, el Programa para la Mejora del Éxito Educativo. Porque la mayoría de la población —y buena parte del profesorado— apenas tiene una idea difusa del mismo.

El programa está regulado por una orden de la Consejería de Educación de Castilla y León y su objetivo declarado es apoyar al alumnado que necesita refuerzo en áreas instrumentales como Lengua, Matemáticas o Inglés, reducir el abandono escolar temprano y mejorar las tasas de titulación. Sobre el papel, poco que objetar. ¿Quién puede estar en contra del “éxito educativo”?

Las medidas que contempla van desde refuerzos en lectoescritura en Primaria hasta acompañamiento a la titulación en 4º de la ESO, pasando por clases extraordinarias en junio o julio. Todo ello, además, cofinanciado en parte por fondos europeos. La retórica es impecable: inclusión, equidad, acompañamiento, atención a la diversidad.

Lo que la norma no detalla con el mismo entusiasmo es cómo se articula el trabajo de las personas que sostienen el programa. Ni qué modelo laboral se aplica. Ni qué garantías existen. Ni qué sucede cuando algo falla. Y ahí es donde el discurso pedagógico se convierte en un problema político.

La trampa laboral: trabajar sin contrato en la pública

La experiencia acumulada en distintos territorios muestra un patrón preocupante que se repite en centros que, en teoría, aplican el mismo programa público.

En primer lugar, el solapamiento con la jornada ordinaria. En numerosos casos, el Éxito Educativo se asigna a docentes que ya tienen jornada completa, sin contrato adicional ni ampliación formal de jornada. En la práctica, esto supone horas extraordinarias encubiertas en un sector donde, legalmente, no existen las horas extra. No es un detalle menor: es una vulneración directa del marco laboral del empleo público.

En segundo lugar, la utilización de “gratificaciones” como forma habitual de pago. En lugar de integrar esas horas en la nómina ordinaria, con su correspondiente cotización, aparecen pagos aparte, irregulares en el tiempo, sin desglose claro de horas y sin reflejo en las bases de cotización por contingencias comunes, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. La administración pública pagando trabajo con mecanismos propios de la economía sumergida.

En tercer lugar, la ausencia de un modelo único. Cada centro, cada dirección provincial, cada situación personal parece resolverse de manera distinta. Jornadas parciales que se amplían en algunos casos, gratificaciones en otros, promesas verbales que nunca se formalizan, hojas de horas que se pagan —o no— meses después. Esta arbitrariedad no solo genera desigualdad: genera miedo, dependencia y silencio.

Y, por último, los retrasos en los pagos. Trabajar durante semanas o meses sin saber cuándo se va a cobrar vulnera un principio básico recogido en el artículo 35 de la Constitución Española: el derecho a una remuneración suficiente y puntual por el trabajo realizado. Que esto ocurra en una administración pública debería encender todas las alarmas.

De Miranda a Aranda: cuando entra lo privado

Si en Miranda el problema fue la precariedad y el impago, en Aranda de Duero el Éxito Educativo dio un paso más en el mismo camino: la externalización. Este curso, el programa ha sido adjudicado a una entidad privada que asume una función que debería formar parte del sistema público.

La reacción no fue el diálogo ni la transparencia. Fue el cierre de filas y la negativa a abordar el conflicto. Ni con las trabajadoras, ni con los sindicatos, ni con la comunidad educativa. En un debate público celebrado en Aranda quedó claro que no se trataba de mejorar el programa, sino de blindar un modelo.

Aquí la privatización deja de ser encubierta y se muestra sin complejos. No se vende un centro, pero se externaliza una función esencial. No se despide a personal público, pero se sustituye su trabajo por el de una entidad privada. Y todo ello bajo el paraguas de un programa que, en teoría, busca la equidad.

Del extrarradio al centro: la normalización

Lo que ocurre en Miranda o Aranda no se queda en Miranda o Aranda. El Éxito Educativo funciona como un laboratorio. Primero se prueba en la periferia, donde el ruido mediático es menor y la capacidad de respuesta más limitada. Después, cuando el modelo se normaliza, se extiende.

El programa deja de ser una excepción para convertirse en una pieza más del engranaje educativo. Se asume que las ampliaciones de jornada “son así”, que las gratificaciones “funcionan de esta manera”, que los retrasos “ya se cobrarán”. La precariedad se institucionaliza.

La precariedad se institucionaliza

Y cuando algo se institucionaliza, deja de parecer un problema. Se convierte en costumbre.

Esto no es mala gestión: es un modelo

Conviene ser claros: no estamos ante errores puntuales ni ante una gestión torpe. Estamos ante un modelo coherente con una determinada forma de entender lo público. Privatizar no es solo vender servicios; es fragmentar derechos, externalizar responsabilidades y precarizar el trabajo.

El Programa de Éxito Educativo permite a la administración mostrar cifras de refuerzo y acompañamiento sin asumir el coste político y económico de integrar ese trabajo en el sistema público. Permite jugar con fondos europeos mientras se recortan garantías laborales. Permite hablar de éxito mientras se normaliza la pobreza laboral.

Qué hicimos y qué toca hacer

Ante esta situación, la respuesta no fue ni el ruido fácil ni la resignación. Fue la organización. En Miranda de Ebro se optó por hablar directamente con las personas que estaban sosteniendo el programa, recopilar datos, contrastar experiencias y documentar una realidad que hasta entonces se vivía de forma aislada. La encuesta no fue una herramienta estadística, sino sindical: sirvió para romper el silencio y demostrar que lo que parecía un problema individual era, en realidad, un patrón.

Con esa información, la situación del Programa de Éxito Educativo fue llevada a la Junta de Personal Docente. Allí se expuso con claridad la precariedad laboral, los impagos, la falta de contratos y la inseguridad jurídica que afecta a las trabajadoras y trabajadores del programa. La respuesta, sin embargo, fue tan reveladora como desoladora: no hubo apoyo del resto de organizaciones sindicales.

No es la primera vez que ocurre. Tampoco será la última. La denuncia incomoda porque obliga a señalar a la administración, pero también porque cuestiona una forma de “paz social” basada en mirar hacia otro lado mientras los problemas no estallan. Paradójicamente, esa misma denuncia que hoy se ignora suele reaparecer al año siguiente, reciclada y presentada como reivindicación propia por quienes decidieron no respaldarla cuando tocaba hacerlo.

Esta dinámica no es anecdótica: forma parte del mismo proceso de degradación del sistema educativo. La precarización no avanza solo por las decisiones de la Consejería, sino también por la falta de una respuesta sindical unitaria y valiente cuando se señalan los conflictos reales. Callar hoy para reclamar mañana no protege a las trabajadoras; protege al modelo que las explota.

Aun así, el trabajo está hecho. Los datos existen, la experiencia está documentada y la realidad ya no puede ocultarse bajo el discurso amable del “éxito educativo”. Lo que toca ahora no es esperar a que otros descubran el problema cuando sea políticamente rentable, sino seguir señalándolo, organizarnos y denunciarlo. Porque si algo ha demostrado este programa es que la privatización y la pauperización no avanzan solo por decreto, sino también por silencio. Y el silencio, en educación pública, nunca es neutral.

Sección sindical de enseñanza del SUB CGT.