Radiografía de inicio de curso: Inestabilidad laboral, ratios antipedagógicas y desatención a la di

Hemos comenzado el curso con la promesa electoral de que el próximo año habrá reducción en las ratios de aula. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no, al menos, una mayor flexibilidad a la hora de autorizar grupos?
La realidad son aulas hasta los topes en los centros de Infantil y Primaria de Aranda, Burgos y Miranda.  Hemos recibido quejas sobre colegios privados-concertados donde se autorizan más grupos con el mismo alumnado que en los públicos, una prueba del modelo de escuela que defienden los políticos al frente de la Administración.
Por su parte, en la ESO hay algunos grupos con hasta 34, 35 o 36  adolescentes, más allá del 10% que institucionalizó la ORDEN EDU/491/2012, por lo que esas ratios además de antipedagógicas son ilegales.
Esta aplicación tan laxa de las ratios no lo es si hablamos de la dotación de especialistas de Pedagogía Terapéutica (PTs) o de Audición y Lenguaje (ALs). En estos casos la Administración se muestra inflexible con la aplicación normativa, que establece la dotación de este personal en función del número de ACNEEs. Para ella estos alumnos y alumnas son meros números, haciendo caso omiso de la especial atención que urge en algunos casos y sin tener en cuenta que, además del alumnado denominado ACNEE, en las aulas hay otros muchos con necesidades de Atención a la Diversidad y que requieren de PTs y ALs, profesionales que en la mayor parte de los centros se encuentran desbordados. Y a esto se une la eliminación de la compensatoria en muchos colegios y el agravio que se produce en Infantil y Primaria, donde el desarrollo autonómico de la LOMCE no contempla reducción de las ratios por ACNEEs, mientras que en la ESO sí.
Y no olvidemos la inestabilidad de la plantilla, consecuencia del elevado índice de interinidad, agravado por el sinsentido de fijar tasas de reposición del 10% o del 50% tras la última modificación. O la precariedad a la que está sometido un elevado número de docentes con plazas parciales (algunas de muy pocas horas), con  despidos en el mes de junio, con abusos en cuanto a horarios y materias que tienen que impartir. Acabar con esta precariedad, perjudicial para los centros, el profesorado y el alumnado, pasa por acercar la plantilla jurídica a la funcional (es decir, por crear las plazas que realmente están operando en los centros educativos) y por sacar las plazas a oposición. Así de sencillo.
En cuanto a los recursos materiales los centros llevan ya varios cursos arrastrando el brutal recorte presupuestario del 40%, maquillado el año pasado por una ínfima subida. Después de varios cursos, la dotación de las bibliotecas y el estado de los equipos informáticos son un reflejo de cómo están los centros, que también se quejan de la falta de personal especializado en el mantenimiento de ordenadores y redes de internet, trabajo que recae sobre el personal docente, que como tantas veces tira de buena voluntad, aunque esa buena voluntad se pague con desprecio por parte de la Administración. Y quizás también deberíamos preguntarnos si esa voluntariedad al final no es perjudicial para el Sistema Educativo ya que el trabajo siempre acaba saliendo adelante, y con eso les basta a los gobernantes para presumir ante la prensa de normalidad y mantenernos en este estado de perpetua mediocridad.
Por tanto, tras el discurso triunfalista de recuperación y normalización que hace la Administración, en CGT pensamos que hay una realidad muy distinta de precariedad y de ataque a la Escuela Pública de Calidad, Democrática, Participativa, Laica y Gratuita, escuela que seguiremos defendiendo con todas nuestras fuerzas.