El sábado 16 de octubre todos a Madrid, en defensa de las pensiones públicas

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Pensiones

El sábado, día 16 de octubre, tendrá lugar en Madrid una manifestación convocada por los colectivos sociales que defienden las pensiones públicas. Se espera que la participación sea muy importante, ya que el momento histórico en que se celebra es clave, cuando está en proceso una reforma de las pensiones públicas en España.

No al Pacto de Toledo.

Las recomendaciones de esta Comisión no han sido útiles ni efectivas. El Gobierno de turno ha pasado por encima de ellas y ha servido para abrir las puertas a las pensiones privadas. Sus deliberaciones no son públicas. En todo caso, Los pensionistas debe estar en cualquier mesa de diálogo social en la que se debata sobre pensiones.

PENSIONES MÍNIMAS IGUAL AL SALARIO MÍNIMO. (60% del salario medio según la carta Social Europea).

La pensión mínima, para una persona que vive sola, debe ser igual al SMI, en el horizonte de alcanzar lo que establece la Carta Social Europea, el 60%del salario medio de cada Estado.

Ni recortes ni privatización. Supresión de los beneficios fiscales a planes privados de pensiones de empresa y EPSVs.

Rechazo a cualquier tipo de sistema público mixto de pensiones público privadas, o cualquier introducción en el sistema público de pensiones de sistemas de capitalización individual y/o cuentas nocionales, ya sea de empresa (tipo “mochila austriaca”) o privada.

Derogación de las reformas de las pensiones** de 2011 y 2013, y de las reformas laborales de 2010 y 2012. Trabajo digno y pensiones dignas.

Una nueva Ley de Reforma de las Pensiones que derogue las anteriores reformas de 2011 y 2013, y en concreto, todo aquello que perjudica a los y las pensionistas actuales y del futuro.

Eliminación de las causas discriminatorias que provocan la brecha de género**, tanto en pensiones como en salarios.

Reducción, hasta su desaparición, de la brecha de género en las pensiones. Se deben de hacer políticas que reduzcan las causas de la brecha de género en las pensiones, como, por ejemplo, la conciliación de la vida laboral y familiar paritaria, reconocer períodos de cotización por el cuidado de hijos y otros familiares, complementos por tener hijos (desde el primero, hay que modificar el artículo 60 del Texto refundido de la Ley de la Seguridad Social). La mayor parte de las pensiones no contributivas y el 92% de las pensiones de viudedad, recaen en mujeres. Son las más bajas. Lo mismo ocurre con los contratos a tiempo parcial y temporales que cotizan menos y, en consecuencia, las pensiones son menores.

Mantenimiento y mejora de la capacidad adquisitiva de las pensiones**: aumento de las mismas según el IPC real y anual, sin otros condicionantes.

Es necesario tener un blindaje jurídico que garantice la irreversibilidad de este derecho, el de las pensiones dignas y suficientes, como una conquista social. La mejor forma de blindar el Sistema Público de Pensiones actual es reformando la Constitución, modificando el artículo 53.2, de forma que, se dé protección jurisdiccional y amparo ante el Tribunal constitucional al principio rector de la política social y económica expresado en el artículo 50, reformado y ampliado.

Compensación a la Tesorería General de la Seguridad Social de las cantidades sustraídas indebidamente por gastos impropios y cargos indebidos.

Jubilación ordinaria a los 65 años.

La edad de jubilación ordinaria debe quedar restablecida a los 65 años, no a los 67.

Eliminación de coeficientes reductores en jubilaciones anticipadas. 100% de la pensión con un mínimo de 40 años cotizados y 60 años de edad.

Pleno funcionamiento de la ley de dependencia.

Se calcula que existen más de 300.000 personas en situación de dependencia en lista de espera para obtener la prestación a la que tienen derecho, y lo que es más grave, 80 personas mueren al día sin haber recibido la ayuda necesaria. Esta ley es competencia de las CCAA y en menor medida de la Administración Central.

Parar el robo y el maltrato, por parte del sistema bancario, sobre la gente trabajadora en general, y las personas mayores en particular.

En definitiva, derecho a una vida digna y saludable, a la protección social, al reparto del trabajo y de la riqueza.

No queremos que existan exclusiones, ni tampoco privilegios.