Los registros administrativos de la JCYL en Burgos al borde del colapso

Denuncia del deterioro del Servicio de Registro Público en la Provincia de Burgos

Las oficinas de registro son un servicio esencial e imprescindible para los ciudadanos, puesto que cualquier inicio de trámite del tipo que sea comienza en estas instancias. Pero la Junta de Castilla y León se está empeñando en provocar en nuestra provincia el deterioro del servicio a golpe de cierres de estas oficinas y de poner a su plantilla al límite con recortes de personal orquestados desde Valladolid.

Internet no para marginar

Tanto el Registro de la Dirección Provincial de Educación como el de la Gerencia de Servicios Sociales fueron ya cerrados y el Delegado Territorial de Burgos no quiere consentir los cierres de las oficinas ubicadas en los edificios de Sanidad y de Cultura y Medio Ambiente pero lo hace a costa de una plantilla menguada y recortada, a costa de una plantilla desbordada que tiene cada vez más difícil soportar la carga laboral.

Tras la resolución del último concurso, a inicios de este verano, este servicio perdió 9 efectivos y uno más por jubilación. De estos 10 puestos vacantes tan solo la mitad han sido cubiertos y próximamente se volverán a perder otros puestos por diferentes motivos. En los picos de demanda, ahora estamos en uno de ellos con las ayudas al alquiler de vivienda, la situación se ha vuelto insostenible: largas colas en el propio edificio que hacen peligrar la seguridad; inexistencia de un gestor de turnos por una caprichosa negativa desde la Consejería de Hacienda; aumento de escenas de tensión que excepcionalmente acaban en violencia y unos trabajadores que corren graves riesgos psicosociales.

CGT ha conminado a los representantes del gobierno autonómico en nuestra provincia que se realice un convenio marco con otras administraciones para coordinar, organizar y mejorar este servicio de obligada necesidad pero no quieren saber nada al respecto. Exigiendo que cubran todas las vacantes de la plantilla y que las refuerce pero el silencio y la indiferencia por parte de la JCYL sigue siendo la única respuesta.

Ni entendemos ni comprendemos porque se está expulsando a los ciudadanos de este servicio y se está exponiendo a los empleados públicos a esta situación de riesgo y estrés permanente, ya que a la escasez de recursos se une la imposibilidad de la organización del trabajo porque los gestores políticos no contemplan los picos de demanda que ellos mismos generan sin sufrir las consecuencias.

La plantilla está sobrepasada y la media de registros por persona va en aumento sin que se ponga remedio en la cobertura de todos los puestos, ya de por sí exiguos. Este sindicato ha solicitado una evaluación de riesgos psicosociales y advierte a los responsables políticos que si se produce algún incidente en el que algún empleado público se vea gravemente afectado tomará las medidas oportunas.

El cierre masivo de oficinas, unido a la descontinuidad en la contratación y a la ausencia de mecanismos operativos (gestor de turnos, coordinación interadministrativa), constituye una vulneración del derecho básico de los ciudadanos a tramitar sus gestiones y una exposición grave al estrés laboral de los empleados públicos.

Exigimos la cobertura de todas la plazas existentes que estan vacantes y un plan integral que limite la saturación del servicio a causa de multiple convocatorias concurrentes, con el fin de evitar que los ciudadanos pierdas hasta 4 horas en colas interminables y los empleados publicos sufran cargas de trabajo inasumibles.

No permitas que te quiten lo tuyo, lo de todos.