El parche de “CONTINUADORES” en Castilla y León, además de no tapar, DISCRIMINA.
Un nuevo ataque a la escuela rural.
Desde la Sección de Enseñanza, queremos denunciar públicamente la reducción de los servicios de “Madrugadores” y “Continuadores” en los Centros Rurales Agrupados (CRA) de Castilla y León, una decisión que supone un nuevo golpe a la escuela rural y a las familias de nuestros pueblos.
La Junta de Castilla y León está limitando estos servicios exclusivamente a las cabeceras de los CRA, dejando fuera al alumnado de los centros adscritos y generando un grave perjuicio tanto para las familias como para las propias comunidades educativas afectadas.
Esta situación se reproduce durante el mes de junio con el servicio de “Continuadores”, evidenciando una política de recortes encubiertos que castiga especialmente a los pueblos con menor población.
Ya en septiembre la implantación fue descoordinada y opaca para todas las partes implicadas, ya que ni se sabía quién lo iba a desarrollar, ni llegaron los trabajadores; ni familias ni centros tenían toda la información. Es más, durante el improvisado inicio, algunas docentes tuvieron que dejar aparte sus tareas de inicio de curso para dar cobertura al servicio comprometido desde la Administración. Tras la promesa de una mejora en la convocatoria de junio, nos encontramos ante otra sorpresa, la exclusión de los centros que no son cabecera de CRA.
Mientras la administración presume de defender el medio rural y combatir la despoblación, la realidad demuestra exactamente lo contrario: se siguen poniendo trabas a la supervivencia de las escuelas rurales mediante el desmantelamiento progresivo de servicios esenciales. Un pueblo sin escuela es un pueblo condenado.
Estos programas no son un lujo. “Madrugadores” y “Continuadores” pretenden responder, aunque de forma insuficiente, a una necesidad básica de conciliación que ni las instituciones ni el modelo social actual están garantizando. Su eliminación o reducción condena a muchas familias rurales a mayores dificultades y contribuye al debilitamiento de unos centros educativos que son fundamentales para mantener vivos nuestros pueblos.
Desde CGT denunciamos estas prácticas y exigimos a la Consejería de Educación que deje de utilizar la escuela rural como espacio de recorte y abandono. Reclamamos una apuesta real por la universalización de los servicios educativos y por la protección efectiva de la escuela rural y de sus niños y niñas.
Defender la escuela rural no puede quedarse en discursos vacíos: requiere inversión, recursos y garantías de igualdad para todo el alumnado, viva donde viva.
